Acusado de estafa un matrimonio tras un accidente mortal en Palencia
ALBERTO ABASCAL – martes, 06 de noviembre de 2012
El Ministerio Fiscal ha solicitado para un matrimonio un año y ocho meses de prisión y multa, así como la devolución de la indemnización, como presunto responsable de un delito de estafa a una compañía de seguros, que les abonó más de 539.000 euros por unas supuestas secuelas psíquicas inexistentes del varón tras sufrir un accidente de tráfico en Villaumbrales en enero de 1999, que se saldó con una persona fallecida. La compañía de seguros promovió la querella contra los acusados tras contratar los servicios de una empresa de detectives que valoró el estado psiquiátrico del procesado.
El escrito de acusación provisional elaborado por el fiscal, al que ha tenido acceso Diario Palentino y por el que ha interesado la apertura de juicio oral en la Audiencia Provincial de Palencia, parte de unos hechos ocurridos el 12 de enero de 1999 cuando el acusado J.M.F.R. sufrió un accidente de circulación al colisionar frontalmente el vehículo que conducía con otro turismo, cuyo conductor falleció, en el kilómetro 7,750 de la CL-613 (Palencia-Villada), en término municipal de Villaumbrales.
Como consecuencia del accidente, el acusado sufrió diversas lesiones como fracturas de fémur, traumatismo torácico y artritis reumática de rodilla y muñeca izquierda, si bien no tuvo pérdida de conciencia.
El fiscal explica en su escrito que el Juzgado de Instrucción Número 4 de Palencia incoó un procedimiento de juicio de faltas, siendo archivado en marzo de 1999 al extinguirse en la vía penal por el fallecimiento del conductor causante del siniestro, sin que el acusado llegase a ser reconocido ni examinado por el médico forense. El Ministerio Público recuerda además que, posteriormente, en la vía civil, tras varios actos de conciliación entre los acusados y la compañía de seguros del conductor fallecido, en marzo de 2000 se le entregó a la esposa, M.A.B.E, acusada también el este proceso, la cantidad de 4.698.720 de las antiguas pesetas en concepto de indemnización que correspondía a su esposo.
PSIQUIATRAS. El fiscal resalta en su informe que, tras sufrir el accidente, el matrimonio acusado había acudido a diversos profesionales sanitarios. De hecho, fue atendido inicialmente en el Hospital San Telmo donde fue tratado de las lesiones físicas y desde donde partió en marzo de 2002 un informe que hacía constar dichas secuelas físicas y un síndrome depresivo postraumático, que no fue valorado por el doctor que realizó dicho informe, remitiéndole para ello al Servicio de Psquiatría.
Los acusados –sigue el relato del fiscal- acudió, por tanto, a la consulta de una profesional médica, a la que explicaron que él padecía síntomas como nerviosismo, insomnio, hiperactividad, pesadillas, étc. Transcurridos varios años de tratamiento médico, la doctora diagnosticó en enero de 2001 que el varón padecía un trastorno por estrés postraumático y una depresión mayor, diagnóstico que reitera en un segundo informe fechado el 16 de noviembre de 2002.
Los acusados también acudieron a otras dos consultas médicas de psquiatría entre los años 2001 y 2002. En los informes elaborados se hizo constar que el acusado «necesitaba de la presencia de su esposa para mantener el curso del relato o aportar la información correspondiente, además de mantener una actitud infantiloide, agresividad o alteración del sueño». Eso sí, en todas las entrevistas médicas, con los diferentes facultativos, el acusado «acudía siempre acompañado por la acusada, su esposa, siendo la misma quien manifestaba todos los síntomas que supuestamente padecía su marido», según sostiene el Ministerio Fiscal.
En cualquier caso, a instancias de la compañía aseguradora, el acusado compareció en la consulta de un nuevo psiquiatra. Éste emitió un juicio en el que no consideraba que el paciente que padeciera un trastorno psicoorgánico postraumático.
ELEVADA INDEMNIZACIÓN. Así las cosas, el fiscal sostiene en su escrito de acusación que «prevaliéndose de los informes médicos descritos, los acusados, movidos por la idea de obtener un ilícito beneficio, decidieron simular y exagerar las secuelas psíquicas que el acusado padecía, para conseguir de este modo el cobro de la aseguradora de una elevada indemnización, notablemente superior a la que les correspondía».
Y es que en julio de 2002 los acusados decidieron interponer una demanda contra la compañía aseguradora, cuyos autos fueron seguidos en el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Palencia.
En dicha demanda se narraba que, tras el accidente, el acusado comenzó a padecer una sintomatología ansioso-depresiva, por lo que había seguido un tratamiento psiquiátrico durante más de tres años y tras narrar las entrevistas médicas, se indicaba que padecía un síndrome orgánico de la personalidad y estaba incurso en incapacidad para funcionar en todas las áreas, necesitando ayuda y supervisión continua de una tercera persona, incluso para las funciones más elementales de la vida.
En base a esta argumentación, los acusados reclamaron por daños físicos, síndrome orgánico de la personalidad, daños morales, incapacidad permanente, supervisión de una tercera persona, por perjuicios morales para la familia (esposa e hija) e intereses la cantidad global de 640.610,02 euros.
«ERROR» DE LA compañía ASEGURADORA. El fiscal subraya que la compañía aseguradora «sufrió un error» al creer que el acusado varón padecía dichas secuelas psíquicas y a tenor de los informes médicos remitidos, la compañía promovió alcanzar un acuerdo extrajudicial, que fue homologado judicialmente, poniendo punto final al proceso.
En base a este acuerdo, la aseguradora abonó al acusado la suma global de 539.099,69 euros, incluidos los 28.239,40 ya percibidos con anterioridad.
El acuerdo fue homologado mediante un auto del Juzgado Número 2 de Palencia el 18 de octubre de 2002.
LAS SOSPECHAS DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS. Fue a partir de aquí cuando surgieron las «serias sospechas» sobre las secuelas psíquicas del acusado, que «podían ser simuladas o exageradas».
Por ello, la aseguradora decidió contratar los servicios de la empresa de detectives Clavenna Eirogrupo SL a fin de intentar averiguar la situación psíquica real del procesado.
A la vista del informe de seguimiento de la agencia de detectives, la aseguradora solicitó un nuevo informe psiquiátrico del acusado como consecuencia del accidente, un informe que fue elaborado por el propio presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, Lorenzo J. Llaquet Baldellou.
Su informe concluye que los informes médicos aportados por los acusados contienen anomalías técnicas «más que suficientes» como para invalidar sus diagnósticos. Que el acusado no padece ninguno de los trastornos mentales diagnosticados; de hecho, sostiene que el procesado «no padece trastorno mental alguno» y que «tampoco parece estar en situación de incapacidad y que no precisa en absoluto ayuda de una tercera persona».
Igualmente, fue examinado el acusado por un equipo psicosocial del Instituto de Medicina Legal de Ciudad Real y Toledo, que concluye que «no presenta deterioro intelectual significativo, ni deterioro en el funcionamiento mental que le incapacite para su vida diaria», incluso, como indica el fiscal, ha renovado su permiso de conducir.
Con todo, este caso se verá próximamente en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Palencia.
El seguimiento del detective
El informe de la empresa de detectives se inicia en junio de 2004. En esa fecha, pudo comprobar cómo el acusado sake de un garaje privado conduciendo un vehículo. Posteriormente, se dirige a un supermercado ubicado en Almadén (Ciudad Real) y en su interior se comporta «con toda normalidad». De hecho, el matrimonio, según el informe del detective, realiza diversas compras, «saludando a algunos vecinos y conversando con ellos». «J.M.F.R. hablaba por su teléfono móvil mientras mira algún producto, descarga el carro al llegar a la caja y paga con tarjeta de crédito». El detective también suscribe que en septiembre de 2004 pudo comprobar cómo el acusado recoge a su mujer y a su hija para trasladarse al colegio. Una vez que la niña ya está en clase, el matrimonio, «conduciendo el acusado», se dirige a un bazar donde el propio detective le pregunta cómo llegar a Pozoblanco (Córdoba). El acusado, amablemente, sale del establecimiento y da al detective toda clase de explicaciones detalladas. «Compra tabaco, saca dinero de un cajero automático y entra en un bar donde solicita que le sirvan un café con leche y, tras pedir cambio, se dedica a jugar en una máquina tragaperras, recoge el dinero ganado, comprueba que efectivamente lo ha cogido todo y escoge las monedas para seguir jugando», asegura el informe del detective contratado por la aseguradora para demostrar que el procesado no padece las secuelas mentales que argumentó. En el informe se incluye un pasaje de cómo tras comprar tabaco en un estanco, cuenta un chiste sobre las actitudes dominantes de las mujeres. El día 25 de noviembre, el detective entabla con él una conversación, interesándose por el alquiler de pisos en la localidad. El acusado da razón de los precios en pesetas y con relativa rapidez. Además, le explica al detective las características de unas y otras viviendas. Por lo demás, lleva a su hija con regularidad al colegio y al conservatorio en una localidad cercana.
Citados 3 médicos en el juicio por simular secuelas psíquicas tras un siniestro
ALBERTO ABASCAL – domingo, 09 de diciembre de 2012
Tres médicos deberán declarar como testigos en la Audiencia Provincial de Palencia en el juicio seguido contra un matrimonio acusado de estafa a una aseguradora por una supuesta simulación de secuelas psíquicas tras un accidente de tráfico que se saldó con un fallecido.
Tras la declaración de los galenos, fiscal, defensa y acusación particular deberán elevar a definitivas sus conclusiones citando la lectura de los correspondientes informes.
El fiscal ha pedido provisionalmente para este matrimonio, M.A.B.E. y J.M.F.R., vecino de Sevilla, un año y ocho meses de prisión y multa como presunto responsable de un delito de estafa a una compañía de seguros, que reclama además la devolución del dinero sufragado y que supera los 530.000 euros.
La mujer, M.A.B.E, en su declaración en el primer día del juicio ante la Sala del Tribunal que la juzga, apuntó que el procedimiento judicial abierto por la compañía de seguros contra ella y su marido, a raíz de un informe elaborado por una empresa de detectives contratada para verificar las secuelas supuestamente inexistentes del acusado, «ha supuesto la recaída depresiva» para ambos.
«Mi vida tras el accidente de tráfico ocurrido en 1999 ha sido un infierno e incluso he llegado a dormir con un cuchillo jamonero a mi lado», comentó la acusada.
Su esposo, J.M.F.R., señaló ante el tribunal que sufría «recaídas» depresivas cuando recuerda el accidente mortal, ocurrido en enero de 1999 en la localidad palentina de Villaumbrales y en el que falleció una persona.
El acusado dijo que no recordaba el número de especialistas en psiquiatría que había visitado tras el accidente e insistió en que necesita actualmente de terceras personas para poder hacer vida normal.
En la vista ha declarado hasta ahora el profesional de una agencia de detectives contratada por la compañía aseguradora querellante, que mostró al Tribunal las grabaciones efectuadas durante varios meses de 2004, donde trató de demostrar que el acusado no sufría ningún tipo de secuelas psíquicas o psiquiátricas por las que recibió una alta indemnización.
En las grabaciones se observa conversaciones aparentemente lúcidas del acusado mantenidas, sin saberlo, con el detective, sus compras y su vida de ocio aparentemente normal.
Asimismo, han declarado cinco testigos profesionales del mundo sanitario, cuatro de ellos a través de videoconferencia, en calidad de peritos a propuesta de las partes.
Les absuelven de estafa por simular secuelas psíquicas tras un accidente
ALBERTO ABASCAL – jueves, 27 de diciembre de 2012
La Audiencia Provincial de Palencia ha absuelto al matrimonio formado por M.A.B.E. y J.M.F.R., vecino de Sevilla, del delito de intento de estafa del que habían sido acusados por una supuesta simulación de secuelas psíquicas del varón, tras sufrir un accidente de tráfico que se saldó con un fallecido. La aseguradora, que había contratado los servicios de un detective y que promovió una querella contra la pareja, le había pedido el reintegro de más de 539.000 euros pagados en su día en concepto de indemnización.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Diario Palentino y que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, señala que los acusados cuando presentaron la demanda ante el Juzgado los hechos invocados «no tenían porqué ser inveraces y porque la documentación acompañada no era falsa, ni se perseguía por los actores una indemnización completamente ilegal».
La Audiencia subraya que en este caso se trataba de valorar el contenido de los informes médicos periciales aportados por las partes y, especialmente, decidir sobre las contradicciones existentes.
La Sala señala que el informe médico realizado a instancia del matrimonio hablaba de una secuela consistente en síndrome orgánico de la personalidad del paciente, mientras que el incorporado por la aseguradora sólo se refería a la depresión por estrés postraumático. «Tal disyuntiva bien pudo haberse resuelto por el juez de haberse utilizado por las partes», mantiene la resolución y en consecuencia dictamina que «se trata de una cuestión jurídica suscitada en el seno de un procedimiento civil acerca de determinados hechos y pretensiones invocadas por las partes, por lo que se debe finalizar concluyendo que ello no es materia delictiva».
El Ministerio Fiscal había solicitado seis meses de prisión y multa para el matrimonio por el delito de intento de estafa, mientras que la acusación particular ejercida por la compañía de seguros pidió, además de la pena de prisión por el delito de estafa, la devolución de 539.000 euros que pagó al matrimonio en concepto de indemnización, mientras que la defensa solicitó su libre absolución.
La mujer, M.A.B.E., en su declaración en el juicio ante la Sala de la Audiencia Provincial, apuntó que el procedimiento judicial abierto por la compañía de seguros contra ella y su marido, a raíz de un informe elaborado por una empresa de detectives contratada para verificar las secuelas supuestamente inexistentes del acusado, había supuesto «la recaída depresiva» para ambos.
Su esposo, J.M.F.R., señaló ante el tribunal que sufría «recaídas» depresivas al recordar el accidente mortal, ocurrido en enero de 1999 en la localidad palentina de Villaumbrales y en el que falleció una persona. El acusado dijo que necesitaba actualmente de terceras personas para poder hacer vida normal.
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El problema de siempre no es una cuestión psiquiátrica, sino como en España un juzgado o una aseguradora pueda dar validez a un informe psiquiátrico para alegar o sostener cualquier cuestión, el tema de fondo es un analfabetismo de cuidado, estos jueces o la misma aseguradora, porque ni siquiera llegó a juicio el tema de la indemnización y soltaron alegremente, 539.099,69 euros lo pagaron sin litigio ni nada por esta increíble chorrada:
“Síndrome orgánico de la personalidad y estaba incurso en incapacidad para funcionar en todas las áreas”
El juzgado o la aseguradora tienen la misma actitud ante un informe psiquiátrico que un informe de frenología de Cesare Lombroso ante los tribunales del siglo XIX, se lo creen a pies juntillas y lo máximo que les da el cerebro es que para rebatir un informe perecial psiquiátrico es con otro, no entienden ni de metodología, ni los diferentes grados de validez que tienen las pruebas, la entrevista diagnóstica que utiliza la psiquiatría se mueve en torno al 0 % de valor probatorio, como no es lo mismo un test genético con un 99% de acierto para determinar la paternidad como una entrevista sobre lo opina el hijo de quién es su progenitor o viceversa, la psiquiatría está en lo segundo. Lo sencillo sería que un informe de tipo psiquiátrico tendría ante un organismo oficial u organismo privado, el mismo valor que tiene las témporas para pronosticar el tiempo atmosférico o el zahorí para encontrar agua con un palo (Radiestesia).
Pero lo más sencillo no es inventar la rueda todos los días sino leer este libro que explica perfectamente el uso de la prueba psiquiátrica en los tribunales de EE.UU. cuya autora es una doctora en Psicología Margaret A. Hagen, Ph.D., MBA con su libro “Whores of the Court / Putas de los Juzgados” el fraude del testimonio psiquiátrico y violación de la justicia americana y ser un libro de cabecera o referente legal de los juzgados de cualquier país.
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A ver si hay una editorial que lo traduzca al castellano.
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