«El Caníbal de Ventas» ingresa en el psiquiátrico de Fontcalent tras una sentencia que desafía toda lógica

Regulación del cambio de pena a medida de seguridad en España

Marco legal principal:

Código Penal y Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP).

1. Código Penal – Artículo 101

«Si durante la ejecución de una pena privativa de libertad el condenado desarrollase una enfermedad mental de carácter grave, el juez o tribunal podrá acordar su ingreso en un centro adecuado, en régimen cerrado, con el fin de continuar el tratamiento correspondiente.»

• Este artículo permite sustituir la pena por una medida de seguridad privativa de libertad si el trastorno se manifiesta durante el cumplimiento de la condena.

2. Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) – Art. 60

“Si se apreciara en el penado durante el cumplimiento de su condena la existencia de una anomalía o alteración psíquica que requiera tratamiento en un centro adecuado, se interesará del juez de vigilancia penitenciaria la suspensión de la ejecución de la pena para ser sustituida por el ingreso en un centro psiquiátrico.”

• Regula el procedimiento de suspensión de la pena y traslado a centro psiquiátrico.

• Se requiere informe médico y autorización del juez de vigilancia penitenciaria.

¿Quién decide?

• El juez de vigilancia penitenciaria, previa solicitud de la administración penitenciaria y con base en informes médicos forenses.

Lo que NO está regulado:

• No hay una vía legal expresa que permita revocar una medida de seguridad y volver a prisión si se demuestra que el penado simuló el trastorno.

• Tampoco se regula claramente el reexamen obligatorio de la medida para verificar su necesidad real.

Escrito por IA Chat GPT y Grok basado:
24/03/2025
https://www.abc.es/espana/madrid/canibal-ventas-ingresa-psiquiatrico-penitenciario-fontcalent-alicante-20250324113340-nt.html
https://elpais.com/espana/madrid/2025-03-24/el-canibal-de-ventas-ingresa-en-el-psiquiatrico-penitenciario-de-la-localidad-alicantina-de-fontcalent-a-peticion-priopia.html

El caso de Alberto S.G., conocido como «El Caníbal de Ventas», ha vuelto a encender el debate sobre el tratamiento judicial de los enfermos mentales en España. Tras asesinar y devorar parcialmente a su madre en 2019, y declarar que escuchaba voces en su cabeza, un tribunal concluyó que no se había demostrado la existencia de un trastorno mental. A pesar de los indicios evidentes de alucinaciones y comportamiento psicótico, fue condenado a 15 años y cinco meses de prisión ordinaria, sin aplicarse ninguna medida de seguridad psiquiátrica en ese momento.

Ahora, cinco años después, el propio Alberto ha solicitado y obtenido el ingreso en el centro psiquiátrico penitenciario de Fontcalent (Alicante), una decisión que ha sido autorizada por el juez de vigilancia penitenciaria. Este giro plantea serias dudas sobre el sistema judicial: ¿cómo es posible que se niegue la existencia de enfermedad mental en el juicio, pero se autorice su ingreso en un centro especializado posteriormente? Más aún, ¿por qué el sistema permite este cambio hacia una medida de seguridad, pero nunca contempla el paso inverso cuando se descubre que un interno ha simulado una enfermedad mental?

La realidad es que en España, la mayoría de las personas con enfermedades mentales cumplen condenas en prisión, sin acceso a tratamientos adecuados. Y cuando un juez autoriza su paso a un centro psiquiátrico, como en este caso, no existe marco legal claro que regule qué ocurre si se descubre que el reo no sufre realmente un trastorno mental. Este vacío legal refleja una alarmante falta de coordinación entre el sistema judicial y el sanitario, que pone en juego tanto la seguridad pública como los derechos de los enfermos mentales.

El caso del «Caníbal de Ventas» no es solo una tragedia criminal, sino también un síntoma de un sistema que necesita urgentemente una revisión profunda.

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El Caníbal de Ventas expone las grietas del sistema judicial al ingresar en el psiquiátrico de Fontcalent
El caso del Caníbal de Ventas, Alberto S. G., condenado por asesinar y devorar partes del cuerpo de su madre en 2019, ha destapado una vergonzosa incongruencia en la justicia española. Tras afirmar que oía voces y sufría alucinaciones, el juez sentenció que no se había probado ningún trastorno mental, en una decisión que desafía toda lógica. Sin embargo, a petición propia, el condenado ha sido trasladado al psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, en Alicante, dejando en evidencia un sistema incapaz de lidiar con la salud mental en el ámbito penal.
La sentencia es un escándalo en sí misma: ¿cómo es posible que alguien que asegura escuchar voces y comete un acto tan atroz no sea considerado enfermo mental? Más grave aún es la realidad que este caso saca a la luz: la inmensa mayoría de los enfermos mentales en España purgan penas en prisiones comunes, sin acceso a medidas de seguridad adecuadas. Los jueces de vigilancia penitenciaria rara vez convierten una pena de prisión en una medida de internamiento psiquiátrico, y cuando lo hacen, el cambio es prácticamente irreversible.
Peor aún, el sistema carece de un marco legal para el caso opuesto: si se descubre que un interno en un psiquiátrico penitenciario simula su trastorno, no existe un procedimiento claro para devolverlo a una cárcel ordinaria a cumplir su condena. Esta laguna jurídica es un agujero negro que pone en riesgo la justicia y la seguridad pública.
El traslado del Caníbal de Ventas a Fontcalent no solo reaviva la indignación por su crimen, sino que expone la urgencia de reformar un sistema penal que falla estrepitosamente en abordar los trastornos mentales, atrapado entre la indiferencia y la incapacidad de distinguir entre enfermedad real y manipulación. Este caso es una bofetada a la justicia española, y su eco resonará mientras el condenado permanezca en un limbo legal que nadie parece dispuesto a resolver.