Psicólogos ñoquis: Codicen constató irregularidades pero no sancionó a nadie
ANEP probó que no iban a trabajar, se modificó la normativa, pero todo siguió igual
Uruguay/Montevideo
27.06.2013
La conducta de al menos seis psicólogos de la Unidad de Diagnóstico Integral (UDI) del Codicen que marcaban tarjeta y luego se iban a otro trabajo, configura una grave falta administrativa que puede ameritar hasta la destitución. La división Recursos Humanos de la ANEP realizó en 2011 una investigación administrativa que constató las irregularidades, luego una auditoría de gestión que recomendó la urgente reorganización del servicio pero al final no se dispuso ninguna sanción a los profesionales de la oficina.
El Observador fue este jueves hasta la UDI para saber si los psicólogos y psiquiatras que allí trabajan estaban cumpliendo sus funciones pero ninguno quiso realizar declaraciones. Una funcionaria administrativa indicó que “algunos” estaban en la UDI pero que “no estaban autorizados para hacer declaraciones”. El responsable de esta unidad, el doctor Martín también fue consultado esta mañana al salir de la oficina pero tampoco quiso hacer declaraciones sobre el régimen de trabajo irregular que algunos funcionarios realizaban.
Según constató una investigación de El Observador seis psicólogos de esa dependencia, encargada de diagnosticar a niños y adolescentes con problemas de aprendizaje y dislexia, marcaban tarjeta en la UDI a la hora de entrada y luego volvían a la hora de salida pero en el medio trabajaban en mutualistas o en consultorios particulares. El Observador lo constató por medio de llamadas a los otros empleos de los profesionales.
La conducta de al menos seis psicólogos de la Unidad de Diagnóstico Integral (UDI) del Codicen que marcaban tarjeta y luego se iban a otro trabajo, configura una grave falta administrativa que puede ameritar hasta la destitución. La división Recursos Humanos de la ANEP realizó en 2011 una investigación administrativa que constató las irregularidades, luego una auditoría de gestión que recomendó la urgente reorganización del servicio pero al final no se dispuso ninguna sanción a los profesionales de la oficina.
El Observador fue este jueves hasta la UDI para saber si los psicólogos y psiquiatras que allí trabajan estaban cumpliendo sus funciones pero ninguno quiso realizar declaraciones. Una funcionaria administrativa indicó que “algunos” estaban en la UDI pero que “no estaban autorizados para hacer declaraciones”. El responsable de esta unidad, el doctor Martín también fue consultado esta mañana al salir de la oficina pero tampoco quiso hacer declaraciones sobre el régimen de trabajo irregular que algunos funcionarios realizaban.
Según constató una investigación de El Observador seis psicólogos de esa dependencia, encargada de diagnosticar a niños y adolescentes con problemas de aprendizaje y dislexia, marcaban tarjeta en la UDI a la hora de entrada y luego volvían a la hora de salida pero en el medio trabajaban en mutualistas o en consultorios particulares. El Observador lo constató por medio de llamadas a los otros empleos de los profesionales.
Una fuente de Recursos Humanos de la ANEP dijo a El Observador que en el 2011 recibieron la denuncia y enseguida se ordenó una investigación administrativa que detectó irregularidades (que los psicologos no estaban en la oficina) y no sólo en la dependencia de la UDI de Fernández Crespo 1814 sino en otra que funciona en una escuela. Afirmó que en consecuencia, “se ordenó una auditoría de gestión” que se llevó a cabo en 2012 y “en noviembre se elevó un informe al Codicen que recomendaba la reorganización urgente del servicio”.
La fuente afirmó que no se recomendaron sanciones a los psicólogos. Agregó que se realizaron controles sorpresivos en la UDI y se constató la ausencia de los psicólogos de su lugar de trabajo pero luego éstos aportaban un comprobante en el que señalaban que estaban realizando tareas fuera de la oficina y que llevaban la firma de las autoridades de escuelas o liceos en los que supuestamente habían realizado las inspecciones.
Según se explicó, los psicólogos cumplen funciones en la UDI pero también pueden trasladarse a los centros educativos. Sin embargo, la denuncia que se presentó ante el Codicen en el 2011 y que El Observador constató en la mañana del 17 de junio indicaba que psicólogos o psiquiatras ingresaban a la oficina por escasos minutos y volvían a salir poco antes de las 8. La misma situación se repetía pasada las dos de la tarde, el horario de salida. En total hay 12 profesionales en esa oficina. El director de UDI, el psiquiatra Héctor Martin, llevaba a cabo la misma práctica. El 17 de junio estuvo dos horas en la oficina y luego se trasladó a su consultorio particular (ver apunte).
El presidente del Codicen, Wilson Netto, dijo a El Observador que desconoce la práctica y sostuvo que el tema nunca se trató en el actual consejo. La denuncia fue radicada cuando el presidente del Codicen era José Seoane.
“El problema está en que la cultura de cómo se venían desarrollando esos controles”, señaló.
Netto admitió que un informe de RRHH ordenó la reorganización urgente de la dependencia. Según dijo, la UDI dependía de la División de Salud del Codicen, que a su vez no tenía un control directo del órgano centralizado pero que ahora pasará a depender de Planificación Educativa.
“Ni sordos ni ciegos”
La consejera del Codicen en representación de los trabajadores, Teresita Capurro, dijo a El Observador que se determinarán los pasos a seguir.
“No estamos sordos ni ciegos. Tenemos documentación en nuestro poder. Luego de la reunión se determinarán los pasos a seguir y tendrá las consecuencias como cualquier empleado que está sujeto a un estatuto y al circular 10”, afirmó. Agregó que los procedimientos “están todos previstos”. “Se evaluará la gravedad de la falta siempre asegurando el debido proceso. Habrá que ver qué dice la asesoría letrada. Ya estamos mirando algunas irregularidades”, indicó Capurro.
Por su parte, el consejero en representante de la oposición, el blanco Daniel Corbo, se mostró cauto. Afirmó que “lo más probable es que se investigue”. “En caso de que se verifique se harán las imputaciones y sumarios correspondientes. No puedo especular porque estaría prejuzgando”, añadió.
Corbo admitió que ya “se habían encontrado irregularidades”, por lo que se hizo una auditoría de gestión “se puso al día el aparato de poner el dedo, se cambiaron unidades de lugar y se cambió el régimen de trabajo”.
Efectivamente, debido a que se habían constatado irregularidades una resolución del Codicen del 27 de diciembre de 2012 determinó que los funcionarios profesionales que trabajen seis horas y media o cinco horas y media a partir del 1 de enero de 2013 quedaban obligados a asistir “a sus respectivas dependencias” y permanecer “en ellas durante todo el horario”. La resolución no se cumplió y nadie fue responsabilizado.
Aspectos legales
Según explicó el catedrático en Derecho Penal y ex procurador de lo Contencioso Administrativo, Miguel Langón, la conducta de los profesionales constituye una clara falta administrativa que puede ameritar la destitución del cargo. Incluso el Estado les podría hacer un juicio por daños y perjuicios para reclamarle lo cobrado injustamente, indicó. A juicio de Langón, no existe delito y sólo lo habría si se probara que por no concurrir a trabajar se perjudicó a un niño o se inventó algún informe.
Sin embargo, una fiscal penal que pidió no ser identificada dijo que en su opinión se puede estar ante un delito de estafa o fraude. Estafa por actuar con engaño y para procurarse un provecho injusto, o fraude por actuar con engaño en los actos en los que se intervino por razón del cargo, con daño a la Administración. La magistrada coincidió en que hubo una clara falta administrativa.
Caso de psicólogos ñoquis de la ANEP llegó a la justicia penal
Codicen recibe hoy informe de la instructora de la investigación. Puede haber más sumarios
09.07.2013
La maniobra de los psicólogos ñoquis de la ANEP llegó a la justicia penal. La denuncia contra los psicólogos de la Unidad de Diagnóstico Integral (UDI) del organismo de la educación, se presentó a mediados de junio, confirmaron a El Observador fuentes judiciales. El caso está a cargo de la jueza Gabriela Merialdo y del fiscal Gustavo Zubía.
Sin embargo, consultados por El Observador, tanto Merialdo como Zubía señalaron que aún no tomaron contacto con la denuncia. El fiscal explicó que no está seguro si el caso le corresponderá a ellos.
El caso de los psicólogos ñoquis de la ANEP afectó el tratamiento de unos 1.000 niños aproximadamente, como informó El Observador ayer. La maniobra de los profesionales consistía en concurrir a la UDI a marcar la tarjeta de entrada, luego retirarse de inmediato a trabajar en mutualistas o consultorios privados, y en la tarde volver a marcar tarjeta a la hora de salida.
El Codicen ya inició una investigación y sumarió a tres profesionales, entre ellos al director de la repartición, el psiquiatra Héctor Martín y a los psicólogos Gabriela Campos y Beatriz Muiño. Sin embargo, el consejero Néstor Pereira manifestó a El Observador que la investigación continúa y es probable que en los próximos días haya nuevos sumarios.
Hoy el Codicen recibirá un nuevo informe de la instructora de la investigación y podría determinar sumarios a otros profesionales.
La UDI es la dependencia de la ANEP que estudia los problemas de aprendizaje y dislexia de los alumnos del sistema educativo. A partir del diagnóstico, la unidad puede determinar la “tolerancia” para el alumno en determinadas materias. En casos más graves, su derivación a escuelas espciales.
Marta Machado contó a El Observador las peripecias que pasó para obtener la tolerancia para su hijo Daniel, de 16 años, y señaló que después de tres años de inciado el trámite en la UDI, todavía sigue esperando el informe con el diagnóstico correcto sobre las dificultades que tiene el joven.
“Daniel es un chico que siempre tuvo problemas. En Primaria repitió 5º porque me dijeron que era inmaduro. Pero si lo hubieran atendido a tiempo, si el informe de la UDI hubiera llegado, seguro no estaría tan atrasado. Por lo menos, estaría en 3º de liceo, calculo yo”, afirmó Marta.
Puede haber delito
El catedrático en Derecho Penal y exprocurador de lo Contencioso Administrativo, Miguel Langón dijo a El Observador días pasados que la conducta de los psicólogos constituye una clara falta administrativa que pude dar lugar a la destitución. A su juicio, solo consituiría un delito si se comprobara que se perjudicó a algún niño o se inventó un informe, algo que ahora el Codicen constató ya que mil niños se vieron perjudicados.
Langón explicó que el Estado les podría hacer un juicio por daños y perjuicios para reclamarle lo cobrado injustamente.
Por su parte, una fiscal que pidió no ser nombrado, manifestó a El Observador, que a su entender se puede estar ante un delito de estafa o de fraude. Delito de estafa por actuar con engaño y procurarse un provecho injusto. Y fraude por actuar con engaño en los actos en los que se intervino por razón del cargo, con daño a la Administración. La magistrada coincidió con Langón en que hubo una clara falta administrativa.
Psicólogos ñoquis sumariados volverán a trabajar en la ANEP
Pasados seis meses no hay resolución y decreto obliga a restituirlos
La ANEP reintegrará en sus funciones al psiquiatra y a las tres psicólogas de la Unidad de Desarrollo Integral (UDI), encargada de evaluar a niños con dificultades de aprendizaje, que a mitad de año fueron sumariados y separados del cargo por constatarse que marcaban tarjeta y se retiraban a trabajos particulares.
Según informaron a El Observador fuentes del organismo, el reintegro de los profesionales tendrá lugar en estos días, dado que el decreto 500 de la administración pública establece que si transcurridos seis meses de sumario no hay un fallo al respecto, el funcionario investigado debe ser reintegrado en su función hasta que exista una resolución final. Una vez que la haya, su resultado determinará la permanencia o no del funcionario en el cargo.
No obstante, las fuentes consultadas señalaron que los cuatro funcionarios no serán reintegrados en sus antiguos puestos de trabajo, sino que se los asignará en otras áreas de la ANEP. “Lo mismo ocurre con los docentes que son sumariados y separados del cargo. Cuando se los reintegra, nunca vuelven al mismo liceo”, explicaron.
Los informantes señalaron que esta norma tiene carácter preceptivo, por lo que “se cumple o se cumple”. “No hay manera de zafar. Es un aspecto netamente jurídico. Si no son reintegrados, los damnificados pueden hacer un juicio a la ANEP”, acotaron.
Además, indicaron que el hecho de que la investigación esté demorada responde a que se trata de “un caso complicado”.
El psiquiatra Héctor Martín, entonces director de la UDI, y las psicólogas Gabriela Campos y Beatriz Muiño fueron sumariados y separados del cargo con retención de haberes a fines del mes de junio, como resultado de una investigación de urgencia que ordenó el Codicen, luego de que El Observador informara sobre la maniobra que llevaban a cabo al menos seis profesionales de la unidad. El cuarto sumario data del mes de agosto y es producto del avance de la investigación administrativa, que siguió a la de urgencia.
Los funcionarios concurrían a la oficina en la mañana temprano, marcaban tarjeta de entrada e inmediatamente se retiraban a trabajar en mutualistas o consultorios privados. En la tarde volvían, marcaban tarjeta de salida y se iban.
UDI al día
La UDI es la dependencia de la ANEP que otorga la denominada “tolerancia” o exoneración a los alumnos con dificultades de aprendizaje, como, por ejemplo, dislexia. Si los casos son graves, los especialistas de la unidad pueden incluso derivar al niño o adolescente a una escuela especial.
La estratagema de los funcionarios afectó la atención de al menos 1.000 niños que vieron retrasados sus trámites y tratamientos. Otras fuentes consultadas del Codicen aseguraron a El Observador que este aspecto “ya está al día”. “Se pudo poner al día a todos los niños. Para ello se trabajó con psicólogos de otras dependencias de la ANEP. El año que viene iniciaremos la tarea sin retrasos”, se aseguró.
Por su parte, Graciela Almirón, directora de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa, división de la cual actualmente depende la UDI, dijo a El Observador que desde que ocurrieron los hechos, “se trabajó intensamente” para poner al día a la unidad. Explicó que para esto se contó con la ayuda de equipos de salud de otras áreas de la ANEP y con equipos de territorio de la propia UDI.
Secundaria era el Consejo de ANEP que tenía los mayores retrasos en trámites de tolerancia o exoneración. Almirón destacó el trabajo conjunto que se desarrolló todo este tiempo con dicho Consejo, lo que permitió establecer un protocolo de acción. “Secundaria logró dar gran fluidez a los trámites y pudo revertir la situación. Hoy, las solicitudes de tolerancia o exoneración están llegando en fecha a los liceos”, añadió.
En el caso de la UTU, Almirón expresó que el Consejo “ya tenía resuelto un protocolo” que funciona bien y agregó que al tener menos alumnos, el número de solicitudes que llegan a la UDI es menor.
