Un albañil magrebí consigue una pensión de invalidez de 3.000 € al mes exagerando un accidente laboral
La pensión permanente de 3.000 euros le parecía poco y reclamó una pensión de 5.000
La empresa contrató un detective y finalmente ha sido condenado a devolver todo el dinero
Ángel Moya 07/02/2024
El hombre que se observa en estas imágenes que grabó el detective y que camina con normalidad a paso ligero, es un albañil magrebí condenado a devolver todo el dinero de una pensión permanente de invalidez de 2.700 euros que mensualmente le ha pagado el Estado durante un año, más otros 300 euros a su mujer por supuestamente «cuidarle». En total, cerca de 50.000 euros por la baja y la pensión permanente de invalidez.
El motivo de la pensión permanente de invalidez es una caída que sufrió el operario en diciembre de 2021 desde una altura de 80 centímetros cuando ponía una cinta de carrocero. Este hombre magrebí es albañil de profesión y durante su trabajo sufrió éste accidente laboral en el que se golpeó en el hombro y la cabeza sin consecuencias aparentes. Acudió a urgencias pero le detectaron un hematoma que desapareció sin mayor problema.
Seis días después del accidente le realizaron un tac craneal con un resultado que no arrojó lesiones relevantes. No hubo más pruebas. El albañil se negó a hacerse más revisiones alegando que sufría fuertes dolores de cabeza. También se negó a que le trataran para resolver su problema. De paso denunció a la empresa como responsable en el accidente.
A partir de ese momento, cuando acudía a los médicos se negaba a hablar. Representaba un papel de afectado por una situación de daño cerebral por motivo del golpe. Su mujer intercedía por él, decía que el magrebí no sabía hablar español y el golpe había empeorado su capacidad de expresión. «Miraba al techo y no articulaba ni una palabra, su mujer decía que el albañil se encontraba mal, que no recordaba nada de lo que había ocurrido», confirman los testigos del caso.
Así, el ciudadano magrebí consiguió que le diagnosticaran por una dolencia de amnesia retrógrada, también de pérdida de memoria. Todo esto certificado por un médico de la mutualidad. Finalmente la Seguridad Social le concedió la baja por invalidez permanente absoluta de 2.700 euros mensuales y otros 330 euros al mes para su mujer por procurarle cuidados en el entorno familiar.
Pidió cobrar otra pensión más elevada
Pero al albañil magrebí no le parecía suficiente y quería más. El hombre solicitaba una pensión por gran invalidez que suponía cerca de 5.000 euros al mes. La máxima pensión que se otorga por la Seguridad Social para personas que necesitan ayuda en su vida diaria para vestirse o alimentarse.
Las aspiraciones del falso lesionado hicieron reaccionar a la empresa para la que trabajaba y que se opuso frontalmente contratando a un detective para aclarar el caso. Las imágenes que grabó el investigador son las que acompañan ésta información de OKDIARIO.
En estas imágenes se ve al supuesto «inválido permanente» salir a pasear cada mañana tranquilamente con su mujer del brazo, la cabeza cubierta con una capucha para evitar ser reconocido, el paso ligero y la conversación animada con su mujer. De esta guisa, la pareja se iba a un aparcamiento apartado que no tenía salida para evitar miradas indiscretas y paseaban varios kilómetros de la mano.
Así, el detective consiguió demostrar que el supuesto accidentado tenía una movilidad correcta, habla perfectamente e incluso sonríe a su mujer. Sin revelar su as en la manga, la empresa impugnó la baja permanente por invalidez y llegó el día del juicio en el que se dirimía si se le mantenía la baja permanente por invalidez o se le concedía la pensión de gran invalidez.
Ese día de juicio, ajeno a la investigación de la empresa, el supuesto lesionado se presentó ante el tribunal en silla de ruedas, representando su papel de «gran inválido» para obtener la máxima pensión.
Según el abogado de la empresa, David Sánchez, presente en la sala, «le pusimos las imágenes del detective grabadas un mes antes en el que se le veía andar perfectamente durante tres o cuatro kilómetros, hablando correctamente con su mujer». El hombre mantuvo su teatro hasta el final, sentado en la silla mirando al vacío y dejando que la saliva cayera por su barbilla, «le dije al juez que a los anteriores juicios ha venido andando, no sé porque ha venido en silla de ruedas», explica el letrado. Además, añade: «Esto es un escándalo, ni siquiera pidió perdón, siguió en las suyas y no cedió un milímetro».
Ahora, el titular del Juzgado de lo Social número 4 de San Sebastián en la sentencia del caso desestima la demanda presentada por el trabajador y da la razón a la empresa, declarando la nulidad del expediente administrativo que le reconoció una situación de invalidez permanente derivada del accidente de trabajo. «Ha simulado una enfermedad que no tenía» con el fin de «acceder a unas prestaciones sociales que además han llegado incluso a su esposa y a las que en otro caso no tendría derecho por no reunir los requisitos necesarios», explica la sentencia.
El juez ha deducido testimonio a petición de los letrados de la empresa y de la mutua. Su señoría también le ha pasado la sentencia al fiscal para que lo investiguen por estafa. El juez también ha dictado que se le remita la sentencia a los Servicios Sociales de Guipúzcoa para que le retiren el 97% de minusvalía y se le paralice de inmediato la pensión permanente de invalidez.
En la sentencia, el juez le obliga a devolver todo el dinero percibido durante estos meses. Entre tanto, su abogado le ha enviado un burofax hoy mismo para que se reincorpore a trabajar de inmediato en la empresa.
Si alguien entra en un hospital verá muchos carteles de Medicina basada en la evidencia, pues tremendo a esta persona le hacen seis días después del accidente le realizaron un tac craneal con un resultado que no arrojó lesiones relevantes. No hubo más pruebas.
Y le diagnostican por las simulaciones que hizo, de padecer dolencia de amnesia retrógrada, también de pérdida de memoria. Todo esto certificado por un médico de la mutualidad.
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Realmente un tribunal médico no tiene ni la más remota idea si un paciente que acude con «papeles» presenta la patología que dice tener porque lo que realmente se evalúa no es eso, lo que se evalúa son los papeles, si los papeles son erróneos o falsos el tribunal o médico evaluador de la incapacidad le da igual, por eso estas noticias salen de continuo.
La prueba real para que una evaluación médica sea válida, es sencilla poner un paciente con papeles por ejemplo padeciendo esquizofrenia y otro paciente falso que no tiene esquizofrenia, presentando los mismos papeles. Lo que pasa que los dos saldrían con la misma evaluación de invalidez, en stricto sensu no sirven de casi nada.
Y es tan revelador que las pruebas del TAC no sale nada grave, y los médicos que se supone que siguen la medicina basada en la evidencia, el médico de la mutua y al evaluador de la incapacidad le ha dado igual.
Si la empresa no se molesta en poner detectives, este truhán hubiera conseguido la gran invalidez, porque la dejadez es extrema, y los juzgados no hubieran más que leído informes que no entienden nada, la mayoría no entienden ni términos griegos como los prefijos, hiper, hipo, sufijos como itis y esa gente en última instancia es la que concede al final la invalidez, siendo legos totalmente en términos médicos.
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Si ha salido este caso en prensa en la realidad hay 1000 que han hecho lo mismo y les ha salido bien. Ya se ha explicado que todo el sistema no vale de nada desde los médicos de evaluación hasta los juzgados de lo social. Y el estado por qué permite esto es sencillo en España hay alrededor de un 1.000.000 de incapacitados laborales, y cada año el sistema jubila cohortes enteras y entran nuevos inválidos al sistema. El estado puede soportar perfectamente un nivel de fraude más o menos elevado, por eso ningún médico que hace una evaluación errónea de incapacidad le supone ningún tipo de responsabilidad, no digo judicial sino la mera administrativa. Es 0 su responsabilidad ante su trabajo.
Al final los límites de la incapacidad laboral realmente solo son dos:
Primera: La capacidad económica del estado de poder soportar económicamente un fraude.
De por ejemplo el 30% de un 1.000.000 o sea trescientas mil personas viviendo de una incapacidad falsa. Por eso este fraude pasa desapercibido y no se hace nada por evitarlo por el estado. Si aumentara mucho se tendrían que poner medidas como responsabilidades legales a esos médicos evaluadores.
Segunda: La moralidad de la población y la ética de cada uno.
Si la gente con contrato fijo laboral le da por sacarse la incapacidad laboral se hunde el sistema en días. Pero con estudios sociológicos y estadísticos del mercado laboral Español el estado sabe como se accede al mercado laboral un 80% por contactos o enchufe. Sabe que el perfil general o medio ni se plantea dejar el remo, el trabajo es gran parte de su vida y es el mayor sedante que existe, mucha gente sin el trabajo son nada. Sabe que hay un perfil reducido que va realizar estas estafas a la seguridad social, como toxicómanos, migrantes, gente sin contactos o enchufes etc. como las hacen a otros seguros.
Cada vez se ven más estas noticias pero el peligro real será cuando estas noticias las protagonicen autónomos o asalariados con contrato fijo, no migrantes o toxicómanos.