En Salud tienen identificado a un grupo de médicos a los que acusa de exagerar diagnósticos para estudios jurídicos que le hacen juicio al Estado. Cayó a la mitad la cantidad de certificados. 18 de agosto de 2017
Por Alejandro Gamero
Un grupo de psiquiatras, que podrían extenderse hasta la decena, están en la mira del Gobierno de Mendoza desde hace más de un año, sospechados de ser parte de un lucrativo negocio paralelo, tejido a partir de licencias y diagnósticos de salud mental de dudosa fiabilidad sobre trabajadores estatales y privados, práctica con la cual sacarían jugosos réditos en asociación con estudios jurídicos, a través de la conocida y próspera industria del juicio.
El crecimiento desmedido de los partes de licencias psiquiátricas en los últimos cinco años reveló lo que en el Centro Cívico consideran “una práctica muy lucrativa”, contra la cual es muy difícil dar una batalla frontal.
Por eso, no hay un ataque directo y público desde el Gobierno al grupo de psiquiatras sospechados de ser el mayor generador de las licencias.
Es más, hasta declinan dar nombres de los involucrados, aunque los tienen identificados. Prefieren, en cambio, darles batalla en el día a día auditando los certificados. Y en esa tarea dicen en el Ministerio de Salud que han tenido éxito.
Se basan en las estadísticas, las que dan cuenta de que en 2014 el Estado recibió casi 56 mil licencias psiquiátricas solo en el primer semestre y sin contar las que genera la actividad docente, que tiene su propia junta médica.
Este año, con el incremento de los controles desde el Gobierno, la cantidad de licencias por salud mental se derrumbó a 29 mil, siempre sin contar las del personal docente.
Cómo operan
La práctica que le cuestionan a este grupo de psiquiatras, según las fuentes gubernamentales, se basa en “inventar patologías mentales o exagerar los efectos de una que ya existe de base pero que ha sido intencionalmente sobrevalorada en el diagnóstico”.
Con esta metodología, dicen que los galenos involucrados apuntan a dos vías recaudatorias: por un lado, impulsar demandas laborales, con el argumento de que el empleo de la persona afectada generó una patología de salud mental, y por el otro, la tramitación de las jubilaciones por invalidez.
El Estado es la principal víctima de estas prácticas y afirman que “en los últimos años esto se vio mucho con juicios y jubilaciones en la policía, la penitenciaría y los docentes”.
La actividad privada no queda exenta pero es el Estado el blanco preferido, porque siempre tiene fondos para pagar un juicio perdido.
De hecho, dan cuenta de que “la patología psiquiátrica ha sido la predominante en los últimos años entre los empleados del Estado”.
En el Ministerio de Salud aseveran en estricto off the record que “la mayoría de los certificados con licencia psiquiátrica no tienen correlación entre la patología y lo que el enfermo dice cuando es entrevistado”.
Para contrarrestar esto incrementaron los controles y las auditorías lo que provocó que “la cantidad de licencias psiquiátricas bajara muchísimo este año y a la vez se elevara con fuerza la recuperación de puestos de empleos caídos”.
Esto es, de trabajadores que estaban con licencia por varios meses y que cuando pasaron por la auditoría se les revocó la prescripción médica haciendo que volvieran a trabajar.
El negocio de las licencias psiquiátricas va mucho más allá y es más grande que el menudeo que se puede ver en algún certificado que se extiende a algún paciente por el favor de un médico amigo.
Es la industria del juicio, donde se necesita un estudio dispuesto a llevar un caso y un médico especialista listo para poner la firma.
En el Gobierno admiten que “es difícil pelear los casos en los tribunales porque la prueba contra estos juicios es que no estamos de acuerdo con el psicodiagnóstico, pero lo que no podemos probar es que hay una conducta dolosa del médico”.
Por todo esto, las sanciones del Honorable Consejo Deontológico, que controla la actividad médica, son escasas y excepcionales respecto de los psiquiatras en general e inclusive de los que están sospechados. Si el órgano de contralor no obtiene pruebas contundentes de que hubo una acción que transgredió el deber de los médicos es muy difícil llegar a dictaminar un castigo.
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